La moratoria
nuclear, aquel rescate financiero
de las eléctricas.
La llegada al
Gobierno del Partido Socialista en 1982 tuvo una consecuencia
inmediata sobre el ambicioso programa de energía nuclear iniciado
por las eléctricas españolas en la década de los 70. El Gobierno
de Felipe González, que había prometido en su programa electoral
“limitar” la energía atómica, se hizo eco de las tendencias que
llegaban de Estados Unidos, cuya tecnología contrataron las
centrales españolas, y decidió imponer una moratoria sine
die
para los proyectos en marcha.
El parón del
programa nuclear
se incluyó en el Plan Energético Nacional (PEN) de 1983. El
principal argumento del Gobierno fue que había que adecuar la
construcción de nuevas plantas a una demanda que se había resentido
tras la crisis del petróleo de los años 70. Las nucleares españolas
(se proyectaron hasta un total de 25 y solo llegaron a funcionar una
decena) se iniciaron casi en paralelo a dicha crisis, a la que
sucedió un periodo inflacionista y problemas con el tipo de cambio
que hicieron que Estados Unidos repercutiese en su tecnología (los
reactores Westinghouse, esencialmente) los cambios regulatorios
derivados de su propio parón, que acabaron pagando las eléctricas
españolas.
Por tanto, fue la
caída de la demanda y el incremento de los costes financieros
de unos proyectos cuya construcción podía durar hasta una década,
las qu motivaron la llamada moratoria nuclear, que supuso la
paralización de siete nucleares en marcha: los dos grupos de Lemóniz
(en Vizcaya) y de Valdecaballeros (Badajoz), respectivamente, y el
Trillo II (Guadalajara). Finalmente, se salvaron del cierre Trillo I
y Vandellós II.
Un rescate
financiero en toda regla que ha costado a los usuarios eléctricos
5.717,91 millones desde 1996, de los cuales, 1.334 millones
corresponden a los intereses pagados por una deuda colocada entre los
bancos. Aunque las eléctricas hablan de una compensación por los
proyectos parados, el Gobierno la calificó de rescate. El que fuese
ministro de Industria desde 1993, Juan Manuel Eguiagaray, recordó en
su día cómo “el sector público hubo de rescatar financieramente
a las eléctricas, que se habían embarcado en un proceso de
inversión faraónico
derivado de una planificación delirante, en total contradicción con
las necesidades de la demanda”. Yañadió que “los costes de la
paralización, así como el saneamiento financiero de las empresas
han recaído en los consumidores durante largos años, mediante un
recargo en el recibo de la luz”, que ha llegado hasta nuestros
días. En 2015 se saldan en la factura los últimos 67,7 millones.
Iberdrola,
propietaria del 100%de Lemóniz (a través de la antigua Iberduero) y
del 48% de Valdecaballeros (a través de Hidroeléctrica Española,
que se fusionaría con aquella) fue la que más recibió: 3.256
millones.
De los problemas
financieros del sector, excepto en el caso de la entonces eléctrica
pública, Endesa, a la que se excluyó del pastel nuclear, dan cuenta
el intercambio de activos entre las compañías al que obligó el
Gobierno (de ahí, que distintas empresas compartan el capital de
muchas de las actuales centrales, como Garoña, Vandellós, Trillo o
Almaraz) o la quiebra que amenazó a algunas, como la catalana Fecsa,
después filial de Endesa.
En un primer
momento, se estableció un recargo para compensar las pérdidas
derivadas de la moratoria, hasta que el siguiente PEN, el de 1991, la
convirtió en obligatoria al apostar por la generación eléctrica
con gas. En este plan se reconoció una compensación de 3.800
millones por los activos paralizados: a Iberduero -después
Iberdrola-, por Lemóniz;a Sevillana de Electricidad -después filial
de Endesa- por Valdecaballeros, y a Uión Fenosa, por Trillo).
Posteriormente, la
Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional (Losen), de 1994,
estableció que estas compañías serían
compensadas con un recargo en la facturación
por venta de energía a los consumidores, que se fijó en un máximo
del 3,54% y por un plazo máximo de 25 años. Además, admitía la
posibilidad de ceder el derecho de compensación a terceros de una
deuda cifrada ya en 4.278,8 millones. Una medida que se aplicó en
1996 a través del Fondo de Titulización de Activos Resultantes de
la Moratoria Nuclear, que este año será liquidado tras haber sido
pagada la deuda con antelación.
La moratoria acabó
en 1997 y desde entonces hay libertad para construir este tipo de
centrales. Las grandes inversiones que requieren y la seguridad
parece haber disuadido al capital.
Aunque hay quien
sostiene que la moratoria nuclear en España se debió al rechazo
social a la energía nuclear, fueron razones económicas y
financieras (alguna eléctrica estuvo al borde de la quiebra) las que
llevaron al Gobierno de Felipe González a decretarla. Si bien es
cierto que el parque atómicos se diseñó y autorizó en plena
dictadura franquista, el rechazo durante la transición política no
fue comparable al de Estados Unidos, donde los crecientes movimientos
ecologistas y el grave accidente de Three Mile Island, desencadenó
una fuerte contestación. Cuando se produjo el siniestro de Chernóbil
(Ucrania), en 1986, la moratoria española ya estaba en marcha.
A la hora de elegir
qué plantas se cerrarían, la de Lemóniz fue la primera candidata
por razones de seguridad. En mayo de 1986, meses antes de la llegada
del PSOE al poder, la banda terrorista ETA asesinó a José María
Ryan, ingeniero jefe de la central vizcaína propiedad de la antigua
Iberduero. Tanto en esta planta como en la de Valdecaballeros, que
también se clausuró, se habían realizado inversiones de más de
2.000 millones de euros. Mucho menor fue la que se había destinado
en Trillo 1 (66 millones), donde apenas si se había removido el
terreno. Teniendo en cuenta la propiedad, las empresas que más
dinero recibieron con la titulación nuclear fueron Iberdrola (3.256
millones); Endesa (unos 1.070 millones) y Fenosa (42 millones).
El fondo de
titulización fue modificado en 2006 para aligerar la carga en la
tarifa de una deuda ya muy reducida (el recargo bajó al 0,33%). Esta
se liquida este año, tras haberse acelerado la amortización de los
préstamos con los que se financió el rescate a las eléctricas,
cinco años antes de lo previsto, en 2020.
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